Los Estados Unidos tiene la población
carcelaria más grande del mundo, que se estima en unos dos millones y medio de personas. Según las
últimas estadísticas, el mayor
grupo de reclusos dentro del sistema penitenciario federal son inmigrantes,
principalmente latinos. Junto con los negros, componen 80% de todas las
personas encarceladas en el país, según BBC.
En la actualidad, la mayoría de los detenidos por delitos
migratorios terminan en una cárcel privada, parte de una industria de
seguridad que ha crecido exponencialmente en la última década, a medida
que el gobierno reduce su tamaño y
traspasa muchas de sus responsabilidades a manos de corporaciones con ánimo de
lucro.
La Agencia de Migración y Aduanas tiene
contratos multimillonarios con estas empresas que manejan todo el período de
encarcelamiento del detenido, incluyendo el transporte, la alimentación y
cuidados médicos.
Cobran por
cama, por noche y es el dinero del contribuyente que cubre el gasto que puede
ascender a unos US$60.000 al año por preso. El Congreso formuló una cuota que
requiere que el Departamento de Seguridad Interna retenga unas 34.000 personas
al día en centros de detención por violaciones migratorias.
La industria acumuló su poder político a
partir de 2006, cuando delitos menores como trabajar con un número de seguro
social prestado, conducir un auto sin licencia o con un foco dañado, empezaron
a resultar en detenciones que desembocaron en años de cárcel y deportación.
Se ha
convertido en un gran negocio porque el sistema convierte a los inmigrantes en
criminales, según Jack Fair, un activista de la Federación Pro Reforma de la
Inmigración Estadounidense. "Cómo la población indocumentada ha aumentado
dramáticamente en la última década, así mismo han aumentado las detenciones y
deportaciones. Aquellos que son deportados y reingresan al país sin documentos
son criminales y sujetos a encarcelamiento bajo la ley de EE.UU."
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