Una ONG despide a 27 mujeres discapacitadas con cargas familiares
que atendían una red de quioscos y las sustituye por contratados
temporales.
Mujer, discapacitada, con más de 40 años y cargas familiares. “Ahora
parada con un futuro complicado, las puertas están cerradas para la
gente como nosotras”. Es el perfil de la gran mayoría de las 27
despedidas en los últimos meses por la Rede Galega de Kioscos,
perteneciente al grupo Galega de Economía Social, que dirige la
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), una
organización no gubernamental y sin ánimo de lucro según sus estatutos.
Supone un 10% de su plantilla encargada de atender 41 quioscos en
Galicia.
Unos despidos de contratados fijos y con años de experiencia —salvo
en dos casos, que eran eventuales— que conllevó al cierre de tres de los
cinco quioscos que tiene en Santiago. En otros, como en los cinco
situados en lugares emblemáticos del paseo marítimo de A Coruña, se
redujeron en algunos casos los horarios de apertura. Pero se cubrieron
de inmediato con contrataciones temporales las bajas forzosas de
trabajadoras fijas que, sin previo aviso, recibieron en julio cartas de
despido por motivos supuestamente disciplinarios. En la mayoría de los
casos, nunca se llegaron a probar. La empresa, ante el Servicio Público
de Arbitraje y para evitar un juicio, acabó por reconocer como
improcedentes muchos de esos despidos y aceptó indemnizarlos. Los ocho
quiosqueros despedidos fulminantemente también en verano en A Estrada
(Pontevedra) fueron igualmente remplazados al día siguiente.
Cunde la sospecha de que se trata de “una estratagema de la empresa”,
como denuncia Esquerda Unida en A Coruña, “para disponer de
trabajadores gratuitos” gracias a las diversas subvenciones públicas que
cobra durante el primer año de contratación por tratarse de mujeres,
mayores de 45 años y personas discapacitadas. Unas ayudas de la
Administración que, insiste EU, cubren prácticamente el salario mínimo
interprofesional que cobran los empleados de la Rede Galega de Kioscos.
Comisiones Obreras de A Estrada también habla de “engaño” para despedir y
contratar a discapacitados sin desembolsar un céntimo.
“Así no se integra, se deshacen de las que llevamos tiempo para coger
nuevas por las que cobran más”, corroboran las despedidas coruñesas. Se
declaran “ofendidas y maltratadas por Cogami, que se vanagloria de
defender el derecho de los discapacitados”, añade Gracia. “Esto de los
quioscos era un proyecto bonito”, cuando comenzó hace 15 años, asiente
Sonia Puente Pérez, delegada sindical de la empresa en Santiago, “pero
Cogami ya no cumple, así de claro lo digo, con todo eso de integrarnos a
los discapacitados en el mundo laboral”. Esta quiosquera, que lleva 13
años en la empresa, dice haber perdido “toda la ilusión”.
Estos 27 despidos en cadena pusieron al descubierto la precariedad y
severas condiciones laborales de estos quiosqueros, además de varias
situaciones de abusos. Con un salario neto de 620 euros al mes, trabajan
sábados, domingos y festivos. Una mayoría de los quioscos no están
adaptados para discapacitados. Y deben realizar trabajos que no siempre
les resultan fáciles como mantener limpios los aseos públicos de los
quioscos de A Coruña o recoger mesas y sillas de la cafetería que
incluye el de la Alameda de A Estrada. Sus sueldos llevan tres o cuatro
años congelados. “Tenemos un plus de asistencia de 40 euros tres veces
al año, pero si coges una gripe, ya no se cobra”, apunta Sonia Puente.
Todo eso sin mencionar las cámaras instaladas dentro de los quioscos
para vigilar a los empleados. Tres mujeres en A Coruña están a la espera
del juicio tras ser despedidas acusadas de robar mercancía. La empresa
alega tener pruebas grabadas. “Todo porque cogieron un chuche o una
botella de agua, estando a 40 grados dentro del quiosco, y se olvidaron
de pagar los 50 céntimos que cuesta”, defienden sus compañeras. Sin
trabajo también se quedó este verano una discapacitada en silla de
ruedas mientras estaba de baja por un problema de coagulación sanguínea.
Los despedidos de A Estrada lograron el apoyo y promesa de mediación
del alcalde, José López (PP), quien llegó incluso a cuestionar las
formas de la Rede Galega de Kioscos, “porque moralmente no se ajustan a
una empresa de economía social apoyada por las instituciones públicas”.
Nada que ver con la inhibición mostrada por su homólogo de A Coruña,
Carlos Negreira, también del PP. Y ello a pesar de que los cinco
quioscos dotados de aseos públicos en A Coruña son una concesión
municipal que lleva nada menos que una década caducada. Pese a la
insistencia del grupo de despedidas, que cuentan con el apoyo y ayuda de
BNG y EU, tan sólo lograron entrevistarse con el director municipal de
Servicios Sociales, quien les aseguró la imposibilidad de intervenir.
Pero ahora reivindican poder optar a la explotación de esos quioscos
cuando salgan de nuevo a concurso. Y que cumplan con la normativa:
ninguno de ellos está adaptado para discapacitados.
